Gobierno nacional establece incentivos en licitaciones públicas para las empresas de vigilancia que contraten mujeres, adultos mayores de 45 años y personas con discapacidad.
La “Ley del Vigilante” fue expedida en el año 2018 con el objetivo de mejorar las condiciones en las que el personal operativo de vigilancia y seguridad privada presta su servicio.
En el artículo sexto de la mencionada ley, se impuso al Gobierno Nacional, a través del Ministerio De Hacienda Y Crédito Público y del Departamento Nacional de Planeación, la carga de expedir un decreto reglamentario mediante el cual se establezcan beneficios en las licitaciones públicas, concurso de méritos y contratación directa para las empresas de vigilancia y de seguridad privada cuyo personal operativo cuente con mujeres, personas mayores de 45 años y/o personas con discapacidad contratados con todas las garantías y exigencias legalmente establecidas.
Si bien la Ley del Vigilante fue expedida en el 2018 y la misma le concedió al Gobierno Nacional un plazo no mayor a seis meses para la expedición de dicho decreto, es hasta ahora, tres años después, que el Gobierno Nacional reglamenta el artículo citado mediante la expedición del decreto 1279 de 2021.
En el decreto expedido por el Gobierno, se establecen incentivos que se traducen en el otorgamiento de un 0.5% adicional para quienes acrediten tener dentro de su personal a personas mayores de 45 años, mujeres y/o personas con discapacidad. Además se establece que se le otorgará otro 0.5% adicional al proponente que acredite el mayor porcentaje de operadores con dichas características. Esto quiere decir que un proponente podrá obtener hasta un 3% adicional en caso de ser quien acredite el mayor porcentaje de mujeres, el mayor porcentaje de mayores de 45 años y el mayor porcentaje de personas con discapacidad.
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